El Pleno del Ayuntamiento de Gines ha aprobado, a propuesta del Grupo Municipal Socialista, una moción para “iniciar de inmediato los trámites previos" tendentes a la declaración de las promociones de viviendas inacabadas o abandonadas en la situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución, tal y como prevé la legislación vigente.
La propuesta, que salió adelante con la unanimidad de todos los grupos políticos, pretende avanzar en el cumplimiento de la función social del suelo destinado a viviendas, evitando la congelación actual que padecen estas parcelas debido a unos trabajos inacabados por parte de distintas promotoras, facilitándose con esta medida su salida definitiva al mercado.
La moción aprobada insta también a las entidades bancarias y sus distintas filiales la cesión de las viviendas vacías de que dispongan en la localidad con el objetivo de "ponerlas a disposición de familias desfavorecidas que hayan perdido su vivienda habitual", pidiendo igualmente a dichas entidades la reparación y cesión de aquellas viviendas deshabitadas que han quedado en condiciones de inhabitabilidad debido a los actos vandálicos provocados por el abandono de las mismas.
La moción hace constar que el equipo de gobierno municipal ha solicitado "de diferentes formas administrativas y/o mediadoras" la cesión de estas viviendas vacías, logrando hasta ahora escaso éxito, por lo que ahora solicita "que se adopten las medidas legales destinadas a las viviendas vacías que acumulan las entidades financieras para que sean puestas inmediatamente a disposición de familias sin recursos o desahuciadas, sin superar nunca el 20% de la renta".
Igualmente, el acuerdo incluye también la adhesión del Ayuntamiento al "Convenio para la Creación de un Fondo Social de Viviendas", y solicita la adhesión municipal al convenio suscrito por la FAMP, la Junta de Andalucía y el Consejo General del Poder Judicial para paliar los efectos de los desahucios por impagos de rentas o hipotecas de algunas familias.
Con todo ello, el Ayuntamiento de Gines pretende garantizar la función social de las viviendas y prevenir los efectos directos y colaterales de la crisis económica, considerando "urgente y necesario" que los poderes públicos adopten las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del derecho a la vivienda que establece la Constitución.